29 marzo 2007

¿Operación Morder?

Irán captura a 15 marines británicos acusados de penetrar en aguas territoriales iraníes, circunstancia que no está clara del todo pero que curiosamente coincide con el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico desde 2003. ¿Se prepara un ataque militar sobre Irán utilizando la captura de marines británicos como excusa?

Hugo Chávez, basándose en informaciones procedentes de los servicios de inteligencia rusos, afirma que EE UU bombardeará 20 instalaciones nucleares iraníes (además del centro de comando de las fuerzas armadas iraníes) el próximo 6 de abril, en una operación bautizada como "Morder". ¿Es un rumor? ¿Quizá una filtración interesada para sondear la reacción de la opinión pública internacional? En cualquier caso Zapatero ya ha dado pistas acerca del futuro posicionamiento del Estado español ante un hipotético ataque a Irán.



22 marzo 2007

Ante las próximas elecciones municipales y autonómicas

José María Aznar en 1996:

- PREGUNTA: ¿Qué opina de que ahora se intente ilegalizar a HB?

- AZNAR: Que es una cuestión absolutamente estéril. Hay que actuar contra las personas que amparar, jalean o hacen apología del terrorismo, contra personas concretas, imputarles los delitos de los que son culpables, ponerles delante de un juez y que sean juzgados. Eso es lo que hay que hacer...

Al ser de izquierdas, yo voy más allá que Aznar y creo que la Ley de Partidos es antidemocrática además de jurídicamente aberrante. Por consiguiente, creo que debería ser abolida cuanto antes o, al menos, debería permitirse a Batasuna (único destinatario de la ley infame) sortearla y presentarse a las próximas elecciones municipales. Eso es lo que espero, como ciudadano, de un sistema electoral que se dice democrático.

Por todo ello, y ante el dilema moral y político que representa para mí la participación o no en las próximas elecciones municipales y autonómicas, he decidido que sea el Gobierno el que decida si debo votar o no: sólo votaré si Batasuna logra por fin presentarse a las elecciones. En tal caso, aceptaré que el PSOE está comprometido realmente con el proceso de paz, y merecerá la pena ayudar con mi voto a frenar a una derecha volcada en sabotear todo atisbo de solución para el conflicto vasco, y ello además en un contexto de elecciones realmente democráticas. Por desgracia es sólo una decisión personal, y no una opción generalizada entre la izquierda española, que es lo que realmente podría funcionar como medida de presión.

Después de que la fiscalía de la Audiencia Nacional haya retirado su acusación contra Arnaldo Otegi, reconozco que tengo esperanzas de poder votar.



El final de una farsa

Por fin acabó el 18/98:

17 marzo 2007

Contra la guerra

El hecho de que el PSOE, que no ha dudado en brindar apoyo político y militar al terrorismo de la OTAN en Afganistán, se atreva a sumarse a la manifestación que ha transcurrido hoy en Madrid, es realmente preocupante. Pero el hecho de que ninguna de las asociaciones que realizaron la convocatoria en España haya criticado al PSOE por ello, me parece decisivo a la hora de decidir si sumarse o no a la misma.

Soy de los que están en contra de que un país masacre a otro, sea en Iraq o en Afganistán. Y por favor, que no me hablen de "misiones humanitarias" ni de resoluciones de la ONU.




06 marzo 2007

Dos ejemplos de chantaje


1º - Un preso político condenado a 12 años de cárcel (posteriormente rebajados a 3) por dos artículos de opinión se declara en huelga de hambre por entender que su situación penal es injusta. A medida que la huelga se prolonga la salud del preso en cuestión se va resintiendo, y el gobierno toma la decisión de alimentarle forzosamente, lo que constituye una violación de los derechos humanos, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La salud del preso, sin embargo, empeora por momentos, y el gobierno teme incluso su muerte. Dado que la ley establece que el Estado hará todo lo posible para impedir la muerte de todas las personas que estén bajo su custodia, el gobierno toma la decisión de aplicarle la "prisión atenuada", o lo que es lo mismo: cumplir el resto de la condena en su domicilio bajo vigilancia telemática.

2º - El diputado por UCD Javier Rupérez es secuestrado por ETA político-militar en 1979: la organización pide un rescate de 200 millones de pesetas para su liberación. Ésta se produce tras 31 días de secuestro y después de que el gobierno de Suárez hubiese realizado el pago del rescate con cargo a los presupuestos de RTVE. Años después, durante el juicio por los fondos reservados, el general Sáenz de Santamaría declararía que la decisión de ceder ante ETApm la tomó Adolfo Suárez en persona, y que el dinero salió en realidad de los fondos reservados.

Dejo al lector la tarea de identificar las diferencias entre un caso y otro.




05 marzo 2007

No son tan evidentes

Escribe Javier Ortiz en su último "Apunte del natural":

"Tenía unas ganas casi irreprimibles de enfatizar cómo Iñaki de Juana, en efecto, puede acabar en libertad tras cumplir menos de 20 años de reclusión por 25 asesinatos, cosa que muchos consideran una birria, pero que no parece indignar a nadie –y menos a esos muchos– que la treintena de víctimas mortales de los GAL hayan quedado a beneficio de inventario, como si no valiera la pena enfadarse porque no se haya hecho nada serio contra quienes decidieron su muerte, contra quienes la planearon y contra quienes la ejecutaron.

También me apetecía preguntar a los paladines hispanos de la buena conciencia universal cuánto tiempo tarda un asesino en dejar de serlo. O sea, cuándo prescribe esa impronta, si es que alguna vez lo hace. Y si lo hace para todos. Porque veo que, en el caso de De Juana, han decidido que es y será asesino de por vida, y así lo califican a todas horas venga o no venga a cuento, pero constato que, si se trata de individuos que cometieron crímenes espantosos cuando ejercían de gerifaltes del franquismo, dan sus actos por sobradamente redimidos y perdonados. O ni eso: los agasajan como gentes de bien, con derecho a afirmar, como De Juana, que no se arrepienten en absoluto de haber librado a unos cuantos de la pesada carga de vivir.

Pero, según se me han ocurrido estas reflexiones, he concluido de inmediato que estaba de sobra ahondar en ellas, de puro evidentes que resultan."
El señor Ortiz se equivoca cuando afirma que tales consideraciones son evidentes. No lo son: han sido asesinados por tropas estadounidenses 16 civiles en Afganistán el mismo día en que son enviados 120 soldados españoles más para colaborar con EE UU en la criminal ocupación del país asiático. Desde el año 2001 el Gobierno español es cómplice de una operación militar que ha ocasionado la muerte no de 25 personas, sino de al menos 20.000, según The Guardian. Y todo ello no con el propósito de liberar a un país, o conseguir la independencia de alguna nación. No. El propósito es la construcción de un oleoducto multimillonario.

Y no veo que nadie se indigne demasiado por ello. A Dios gracias, nadie tira cócteles Molotov contra la embajada de EE UU, y los que son arrojados contra sedes del PSOE no lo son por la vergonzosa colaboración de este partido con instituciones de reputación tan terrorista como la OTAN, sino por haber cumplido la ley en lo que respecta a un preso que estaba al borde de la muerte y cuya condena ya cumplió en 2005.

Definitivamente, las reflexiones de Ortiz no son tan evidentes.


(Edito: al día siguiente de escribir estas líneas un ataque aéreo de la OTAN mata a otros nueve civiles en Afganistán: cinco mujeres, tres niños y un hombre. Y sigue sin haber ningún tipo de protesta ciudadana por esta masacre de la que España es cómplice.)



02 marzo 2007

La democracia española: una ficción

El fundamento del llamado “Estado de Derecho” lo constituye la división de poderes, requisito indispensable a la hora de determinar la calidad de una democracia: el poder legislativo controla al ejecutivo, y el judicial a su vez controla a ambos. En España, sin embargo, y tal y como se planeó en la Constitución, el poder ejecutivo (el Gobierno) controla al legislativo y, directa e indirectamente, al judicial.

En lo que respecta al legislativo, es cierto que el Gobierno es votado por el Congreso (dejaremos a un lado al Senado, por cuanto su función consiste únicamente en ratificar decisiones del Congreso), pero a partir de entonces éste pierde todo control del ejecutivo. Un claro ejemplo lo constituye la moción de censura, que en España es “constructiva”: hace falta mayoría absoluta para derribar al Gobierno y mayoría absoluta para proponer un candidato alternativo, y todo ello en la misma votación. Algo, por tanto, casi imposible. Otro ejemplo más: las comisiones de investigación deben ser aceptadas por el Gobierno y algún aliado, lo que las hace prácticamente inviables. En realidad, el poder de control del Congreso se limita a naderías tales como preguntas y quejas, algo que podemos comprobar cada miércoles en la llamada “sesión de control al Gobierno”.

Pero el problema es aún más complejo si tenemos en cuenta la innumerable competencia legislativa del Gobierno (iniciativa legislativa, decretos-leyes, legislación delegada, etc.), que demuestra que el ejecutivo arrebata descaradamente las competencias del legislativo. Y si a todo lo anterior le añadimos el hecho de que el Gobierno tiene la posibilidad de disolver las cámaras cuando quiera, descubrimos que la idea de que el Gobierno está controlado por los representantes del pueblo no pasa de ser una broma de mal gusto en España.

Pasemos ahora al poder judicial: su máximo órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial, facultado para el nombramiento de todos los cargos clave de la judicatura. Está integrado por vocales designados por los partidos más numerosos del Parlamento (básicamente dos, de ahí que siempre se clasifique a los jueces en “conservadores” o “progresistas” o, sin eufemismos, del PP o del PSOE, respectivamente), y su poder para recompensar y castigar es arbitrario y sin control alguno: ni siquiera tiene por qué justificar sus decisiones. Si el legislativo es un apéndice del ejecutivo, el poder judicial es un apéndice del legislativo. Como podemos comprobar, la fuente de todo poder en España emana del Gobierno.

Aparte de eso, el Gobierno tiene en la práctica mucho más poder judicial que el CGPJ: posee el Ministerio Fiscal, es el jefe de la policía judicial, el titular del indulto y del régimen penitenciario, etc. Además, todos los medios materiales de la justicia y todo su personal colaborador dependen del propio ejecutivo.

De este modo no existe ningún mecanismo efectivo para controlar al gobierno o al poder político en general, que campa a sus anchas sin que nadie pueda poner coto a sus desmanes y corrupciones varias. Ni que decir tiene que la prensa como contrapeso del gobierno no pasa de ser una broma, toda vez que casi la totalidad de los medios de comunicación españoles pertenecen a grupos empresariales ligados directa o indirectamente a uno u otro partido.

Otra forma de evaluar a la “democracia” española puede ser a través del grado de libertad de expresión existente en ella, en cuyo caso el resultado sería un claro suspenso. Aparte de la multitud de publicaciones (Egin, Egunkaria, Ardi Beltza, Kale Gorria…) que han sido cerrados por orden judicial, o en realidad gubernamental, en el Estado español existen delitos tales como “calumnias a la Corona”, “calumnias a las instituciones del Estado” (Gobierno, CGPJ, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etc.), “ultrajes a España” o aquel tan difuso de “enaltecimiento del terrorismo” (artículos 490, 504, 543, 578, respectivamente, del Código Penal).

Sí es cierto que los españoles disfrutamos de votaciones libres (con varios “peros”, entre ellos la circunscripción provincial) o de una gama de libertades mucho más amplia que en el franquismo, y seríamos ciegos si no lo reconociésemos. Sin embargo, todavía padecemos a tribunales y leyes de excepción que anulan varios derechos y libertades constitucionales. Y el pluripartidismo inherente a toda democracia dejó de existir en España desde el momento en que se creó la infame Ley de Partidos. Dejaremos el capítulo de la monarquía (antidemocrática por definición e impuesta por la dictadura sin el beneplácito popular) para otra ocasión.

En resumen, la reforma del Estado franquista que fue la transición no nos otorgó más que una precaria democracia a la que es dudoso calificar como tal. Lo cierto es que la dictadura se perpetuó a sí misma reformándose y adaptándose a los nuevos tiempos, pero sin tocar lo más mínimo lo más esencial de ella: el poder absoluto y sin control del Gobierno. Para ese lavado de cara fue absolutamente necesaria la colaboración de la oposición democrática, a través de los dirigentes partidistas de entonces, y el fruto de ese siniestro pacto no podía ser otro que un Estado pluripartidista (hasta cierto punto) y con una amplia gama de libertades (hasta cierto punto), pero dirigido por un gobierno que dispone de un poder tan totalitario como en cualquier momento de la dictadura de la cual es sucesor y heredero.